Línea de tiempo de hitos jurídicos sobre derechos sexuales y reproductivos en América Latina

En el presente informe, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género examina las barreras discriminatorias y a menudo violentas a las que se enfrentan las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y de género diverso e intersexuales y que obstaculizan su disfrute pleno y en condiciones de igualdad del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. El informe aborda los factores estructurales que impulsan la exclusión y ofrece una visión general de la violencia y la discriminación relacionadas con la salud, aportando una perspectiva de orientación sexual e identidad de género a los compromisos relacionados con la salud establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular, el Objetivo 3. El apartado sobre derechos sexuales y reproductivos aborda no solo las barreras que enfrentan las personas de la comunidad LGBTI para acceder a los servicios de salud, sino también el acceso al aborto y a técnicas de fecundación asistida.

En este documento los Estados de la region deciden reafirmar "el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo como la base de una hoja de ruta integral y estratégica para la acción nacional y regional en materia de población y desarrollo, que proporciona orientaciones y directrices específicas para la región en este ámbito después de 2014"

La Estrategia de Montevideo comprende 74 medidas para los diez ejes para la implementación que son acordadas a nivel regional por los Gobiernos de América Latina y el Caribe, y que posteriormente se adaptan a las prioridades y necesidades de los países y se insertan en los planes de desarrollo sostenible, aunque son de aplicación en diferentes ámbitos (nacional, subnacional, local, regional e internacional). En este documento estrategico los Estados parte acuerdan definir que "En la Agenda Regional de Género se identifican los acuerdos para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en relación con múltiples problemáticas que es posible agrupar en dimensiones críticas vinculadas con los derechos humanos, y que, por lo tanto, reconocen a las mujeres como sujetos de derecho y a los Estados como garantes de dichos derechos, a la vez que ratifican su carácter universal, indivisible, inalienable e interdependiente: ii) Derechos sexuales y reproductivos con relación a: información y educación sexual integral; servicios de aborto seguros y de calidad, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional; anticoncepción; servicios sociales de salud integrados; mortalidad materna; orientación sexual e identidad de género; servicios universales y accesibles; discapacidad y vejez; erradicación del embarazo de niñas, prevención del embarazo y la maternidad adolescente; infecciones de transmisión sexual y VIH/ SIDA; emergencias sanitarias; maternidad saludable; desarrollo tecnológico; distintos tipos de familia"

El Consenso de Montevideo es un hito en la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivo a nivel regional y a nivel global porque establece la primera definicion acordada a nivel integubernamental sobre derechos sexuales y reproductivos, e indica una agenda concreta regional, una verdadera hoja de ruta con líneas de acción claras demas de 130 puntos que reconoce la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento, así como definiciones basadas en las obligaciones internacionales de los Estados de derechos humanos.

En este documento se acuerda un capitulo de compromisos sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo promover y fortalecer la autonomia de las mujeres en la region: Que la autonomía de las mujeres es un factor esencial para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad y, en particular, que el control sobre su cuerpo, su salud integral y el derecho a una vida libre de violencia (autonomía física) mujeres a las tecnologías de la información y las comunicaciones; [...]

En esta decisión la Corte resaltó que el embrión antes de la implantación no está comprendido en los términos del artículo 4 de la Convención y recuerda el principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal.

Los Estados de la región adoptaron acuerdos para la acción para la promoción de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, que incluye un capitulo específico para "Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" (Cap.6)