En el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, un grupo de Expertos de las Naciones Unidas emitió esta declaración con el objeto de instar a los Estados a combatir el racismo y el estigma contra la comunidad LGBTIQ+.
La presente resolución, aprobada por la Asamblea General de la OEA el 22 de junio de 2023, tuvo por objeto renovar los compromisos adoptados en la AG/RES. 2991 e incorporar algunas nuevas, con el objeto de contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos. En particular, se destaca el capítulo referido a la discriminación y otras formas de violencia contra las personas LGBTI, por medio del cual se insta a los Estados a utilizar mecanismos institucionales para promover el acceso de las personas LGBTI al plexo de derechos en pie de igualdad.
La Corte en esta OC relativa a la situación de las personas privadas de su libertad establace un apartado especifico relativo a la "La necesidad de adoptar medidas especiales para hacer efectivos los derechos de las mujeres embarazadas, en período de posparto y lactancia o cuidadoras principales privadas de la libertad", y alli reconoce y define a la violencia obstetrica.
El capítulo sobre derechos LGTBI se enfoca en la condena a la violencia motivada en la orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, exhorta a los Estados a tomar medidas y establece líneas de acción para órganos de la OEA
La XV CRM se reunio bajo el lema hacia sociedades de cuidado, y en ese narco se adopto el Compromiso de Buenos Aires, un documento robusto, comprensivo, que representa una hoja de ruta para los Estados. Bajo ese marco se realizaron compromisos y acuerdos relativos a los ddssrr, los derechos e las personas con discapacidad, entre otros.
En el presente informe, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género examina las barreras discriminatorias y a menudo violentas a las que se enfrentan las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y de género diverso e intersexuales y que obstaculizan su disfrute pleno y en condiciones de igualdad del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. El informe aborda los factores estructurales que impulsan la exclusión y ofrece una visión general de la violencia y la discriminación relacionadas con la salud, aportando una perspectiva de orientación sexual e identidad de género a los compromisos relacionados con la salud establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular, el Objetivo 3. El apartado sobre derechos sexuales y reproductivos aborda no solo las barreras que enfrentan las personas de la comunidad LGBTI para acceder a los servicios de salud, sino también el acceso al aborto y a técnicas de fecundación asistida.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dispuso que la Constitución prohíbe discriminar por razones de identidad de género y le otorgó al poder legislativo un año para elaborar un mecanismo por el cual toda persona pueda cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género.
La Suprema Corte invalidó una disposición del Código Civil de Puebla que exigía tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, por violar el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans.
En esta decisión la Corte reconoce la categoría de “no binarie” para la registración de las personas
Esta norma modifica el Código de las Familias La ley 156/2022, reconociendo el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, la adopción por parte de parejas homosexuales y la prohibición del matrimonio infantil. También aborda la violencia de género y reconoce derechos que favorecen a los niños, ancianos y personas discapacitadas.
El 26 de marzo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la cual declaró que el Estado de Honduras era responsable por la violación al derecho a la vida, y a la integridad personal (artículos 4 y 5 de la Convención Americana), en perjuicio de Vicky Hernández, mujer trans-género, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans. La responsabilidad del Estado se configuró toda vez que existen varios indicios de la participación de agentes estatales en los hechos que habrían llevado a su muerte ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009. Al encontrar que la violencia ejercida contra Vicky Hernández, lo fue en razón de su expresión o identidad de género, el Tribunal concluyó que el Estado era responsable por una violación a los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la privacidad, a la libertad de expresión, y al nombre (artículos 3, 7, 11, 13, y 18 de la Convención Americana), y que incumplió con la obligación establecida en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en su perjuicio.
El capítulo sobre derechos LGTBI se enfoca en la condena a la violencia motivada en la orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, exhorta a los Estados a tomar medidas y establece líneas de acción para órganos de la OEA
Esta ley modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluye los conceptos de orientación sexual e identidad de género.
En este informe temático la CIDH aborda, entre otras cuestiones, el derecho al reconocimiento de la identidad de género, así como las violaciones a los derechos humanos de personas trans y de género diverso que tienen lugar, entre otras razones, como consecuencia de la falta de garantía y protección a ese derecho.
El 12 de marzo de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual declaró internacionalmente responsable a la República del Perú por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Azul Rojas Marín, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación y de adoptar disposiciones de derecho interno. La Corte también declaró responsable al Estado por la violación del derecho a la integridad personal de la madre de Azul Rojas Marín, la señora Juan Rosa Tanta Marín.
El capítulo sobre derechos LGTBI se enfoca en la condena a la violencia motivada en la orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, exhorta a los Estados a tomar medidas y establece líneas de acción para órganos de la OEA
En esta sentencia el Supremo Tribunal Federal indica que que las personas tienen el derecho subjetivo a cambiar el nombre y la clasificación de género en el acta de nacimiento, sin necesidad de cirugía de reasignación del procedimiento quirúrgico. Establece esta decisión en los Principios de dignidad humana, personalidad, intimidad, isonomía, salud y felicidad.
En esta OG el Comité refiere a la discrimacón por orientación sexual y a la identidad de género
En esta OG el Comité refiere a la discriminación por orientación sexual y a la identidad de género
El capítulo sobre derechos LGTBI se enfoca en la condena a la violencia motivada en la orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, exhorta a los Estados a tomar medidas y establece líneas de acción para órganos de la OEA
La Constitución de la República reconoe a la orientación sexual y a la identidad de género
En este documento los Estados de la region deciden reafirmar "el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo como la base de una hoja de ruta integral y estratégica para la acción nacional y regional en materia de población y desarrollo, que proporciona orientaciones y directrices específicas para la región en este ámbito después de 2014"
En esta Resolución la OEA condena la discriminación y actos de violencia por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género. Además, plantea entre sus objetivos ampliar, mejorar y asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva,
Esta Ley tiene como objeto asegurar el derecho de las personas trans a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo cual establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación. Reconoce el derecho de tooda persona al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género y establece que toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género.
Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género
En esta decisión, la Suprema Corte de México otorgó el amparo a CLM y se ordenó que el Registro Civil tramitara su solicitud, a fin de permitirle acudir a un procedimiento formal y materialmente administrativo para obtener la adecuación de su identidad de género. La Corte señaló que la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas.
La Corte enfatizó que la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas por lo que su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero. Así, la Corte estableció que, si bien el derecho al reconocimiento de la identidad de género no se encuentra explícitamente consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se deriva necesariamente de una interpretación armónica de los artículos que garantizan el reconocimiento de la personalidad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad y el derecho al nombre.
En esta sentencia la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admitió una acción interpuesta por varios ciudadanos con la cual, invocando el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad previsto en el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pretenden que se les reconozcan sus derechos a cambiar de nombres y de género.
En esta decisón la Corte establece la constitucionalidad de la Ley 807, aunque declara inconstitucional el parágrafo II del art. 11 en su frase “…permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales…”.
La Estrategia de Montevideo comprende 74 medidas para los diez ejes para la implementación que son acordadas a nivel regional por los Gobiernos de América Latina y el Caribe, y que posteriormente se adaptan a las prioridades y necesidades de los países y se insertan en los planes de desarrollo sostenible, aunque son de aplicación en diferentes ámbitos (nacional, subnacional, local, regional e internacional). En este documento estrategico los Estados parte acuerdan definir que "En la Agenda Regional de Género se identifican los acuerdos para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en relación con múltiples problemáticas que es posible agrupar en dimensiones críticas vinculadas con los derechos humanos, y que, por lo tanto, reconocen a las mujeres como sujetos de derecho y a los Estados como garantes de dichos derechos, a la vez que ratifican su carácter universal, indivisible, inalienable e interdependiente: ii) Derechos sexuales y reproductivos con relación a: información y educación sexual integral; servicios de aborto seguros y de calidad, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional; anticoncepción; servicios sociales de salud integrados; mortalidad materna; orientación sexual e identidad de género; servicios universales y accesibles; discapacidad y vejez; erradicación del embarazo de niñas, prevención del embarazo y la maternidad adolescente; infecciones de transmisión sexual y VIH/ SIDA; emergencias sanitarias; maternidad saludable; desarrollo tecnológico; distintos tipos de familia"
En esta OG el Comité profundiza los alcances de la Convención relativas a los derechos de las y los adolescentes, y establece estandares en materia de aceso a servicios y consentimiento, e insta a los Estados a garantizar el acceso al aborto seguro y atención post aborto, y a despenalizar la práctica.
La Ley establece el procedimiento para el cambio de los datos del nombre y sexo de las personas transexuales y transgénero, permitiéndoles ejercer el derecho a la identidad de género.
La ley reconoce la identidad de género y regula el cambio del campo "sexo" por el de "género" en la Cédula de Identidad.
Esta sentencia del Tribunal Constitucional supone un apartamiento de la doctrina constitucional previa en relación con el derecho a la identidad de género. El apartamiento de esta doctrina jurisprudencial permitirá que los órganos judiciales tutelen el derecho a la identidad y la personalidad jurídica de las personas transexuales, ya que no existirá ningún impedimento, ni legal ni jurisprudencial, para garantizar estos derechos.
El Consenso de Montevideo es un hito en la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivo a nivel regional y a nivel global porque establece la primera definicion acordada a nivel integubernamental sobre derechos sexuales y reproductivos, e indica una agenda concreta regional, una verdadera hoja de ruta con líneas de acción claras demas de 130 puntos que reconoce la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento, así como definiciones basadas en las obligaciones internacionales de los Estados de derechos humanos.
En esta Ley por la que se crea el estatuto de ciudadanía juvenil se señala la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, ademas de que se establece que los y las jóvenes tiene derecho al pleno disfrute de su salud sexual y reproductiva, por lo que el Estado creará políticas de prevención, formación e información con enfoque diferencial y de responsabilidad.
En esta Resolución la Asamblea General de la OEA condena los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género.
La Ley 18.620 establece el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad de acuerdo con su propia identidad de género. A su vez, habilita el cambio de nombre y género en los documentos identificatorios sin la realización de cirugías, reconociendo el derecho a ser identificado de forma que se reconozca la identidad de género.
En esta Resolución la Asamblea General de la OEA manifiesta preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género.
Reconoce los derechos sexuales y reproductivos y reconoce y da protección al derecho a la identidad de género
La constitución reconoce como categorias protegidas a la identidad de genero y a la orietación sexual
La Línea del tiempo de hitos jurídicos sobre Derechos Sexuales y Reproductivos a nivel regional es una herramienta virtual que permite visualizar de manera cronológica y sistematizada el desarrollo normativo a nivel internacional, regional y nacional vinculado con la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos en la región de América Latina y el Caribe a través de la identificación de hitos jurídicos.
La Línea abarca un período que tiene su punto de partida en 1994 con la V Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, porque presenta la primera definición acordada sobre derechos reproductivos y se extiende hasta la actualidad. Esta es una herramienta viva que pretende continuar alimentándose del desarrollo normativo por venir.
La elaboración de esta línea comenzó en agosto de 2022 en un contexto particular: en 2023, se cumplían diez años del Consenso de Montevideo. Este consenso, acordado en la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe es un hito en la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos a nivel regional y a nivel global porque establece la primera definición acordada a nivel integubernamental sobre derechos sexuales y reproductivos, e indica una agenda concreta regional, una verdadera hoja de ruta con líneas de acción claras de más de 130 puntos que reconoce la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento, así como definiciones basadas en las obligaciones internacionales de los Estados de derechos humanos.
Los avances en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos han quedado plasmados en diversos Acuerdos, Tratados, Protocolos, Declaraciones y Convenciones internacionales que comprometen a los Estados a implementar políticas públicas para su efectiva atención. A menudo, estas normativas dialogan, reafirman la vigencia de los objetivos y metas planteados, sustentan reformas legislativas nacionales y se traducen en planes y programas concretos que permiten el ejercicio efectivo de derechos. La línea del tiempo permite visualizar cómo se produce esa vinculación entre los desarrollos jurídicos internacionales, regionales y nacionales.
Además, cuenta con un repositorio que permite acceder a los textos completos de los hitos jurídicos relevados.
La primera etapa de diseño y confección de esta Línea de Tiempo tuvo lugar entre agosto de 2022 y noviembre de ese mismo año, cuando la primera versión en español salió a la luz. En mayo de 2023, lanzamos una nueva versión de la Línea mediante la que incorporamos su traducción al inglés, y añadimos fotografías representativas, tomadas de archivos personales y públicos, instituciones y fotógrafos/as destacados de la Región, que ilustraron los distintos hitos jurídicos que componen esta Línea.
Luego de su lanzamiento, la Línea de Tiempo ha sido actualizada periódicamente para reflejar información precisa y actualizada. Su última actualización fue en agosto de 2023.
Las autoras de este trabajo en español fueron Edurne Cárdenas y Natalia Segura Diez, quienes estuvieron a cargo del diseño de la metodología, así como la identificación, sistematización y categorización de los hitos jurídicos que hacen al contenido de esta Línea de Tiempo.
Las autoras contaron con el apoyo de la Coordinación de la Red Jurídica de CLACAI (Agustina Ramón Michel y Dana Repka) y la valiosa revisión de Carmen Cecilia Martínez López (Centro de Derechos Reproductivos) y Mirta Moragas Mereles (Esar).
La programación y el diseño de visualización de los hitos jurídicos fue posible gracias al trabajo conjunto de Sergio Arriscal y Alejandro Sanchez Menendez.
La búsqueda, selección y curaduría de las fotografías que fueron incorporadas a los distintos hitos jurídicos de la Línea de Tiempo estuvo a cargo de un equipo de fotógrafas y licenciadas en Curaduría en Arte, compuestos por Anabella Museri, Julieta Escardó y Andrea Weber.
La traducción al inglés de la línea de Tiempo y su documento metológico fue realizada por Angélica Sánchez.
La actualización períodica de los hitos jurídicos de esta línea está ahora en manos de Donatella Zalloco y Dana Repka. La última actualización fue en diciembre 2023.
Para la recopilación de esta información, se realizó una búsqueda de escritorio en la que se utilizaron como fuentes las páginas webs oficiales de los organismos internacionales mencionados1, así como los recursos que se mencionan al final de este documento (Anexo). En una segunda instancia, se relevaron las normativas a nivel nacional, para lo que se usaron los boletines y diarios oficiales, así como otros recursos para la búsqueda de información pública, a través del uso de palabras claves en buscadores virtuales.
En cada uno de los motores de búsqueda, las palabras claves utilizadas fueron: “derechos sexuales”, “derechos reproductivos”, “reproducción”, “anticoncepción”, “embarazo”, “obstétrica”, “aborto”, “identidad de género”, y “parto”.
La información recolectada se recopiló en una base de datos cuyos campos permitieron clasificar y sistematizar la información que nutre la Línea del Tiempo.
En primer lugar, cabe señalar que para la construcción de esta línea se relevaron “hitos jurídicos”, entendidos como aquellos cambios en el estatus jurídico de los derechos objeto de estudio que no se limitan tan sólo a la aprobación de tratados o leyes, sino también a avances jurisprudenciales que impliquen progresos significativos. En este sentido, es importante aclarar que con esta línea buscamos relevar y desplegar información relativa a desarrollos normativos, por lo que no se incluyeron programas y políticas públicas.
Corresponde hacer otra aclaración en relación con las delimitaciones geográficas y su alcance en este proyecto. En ese sentido, fueron relevados los desarrollos normativos a nivel internacional, regional, subregional y nacional. No se incluyó información de normas estaduales o provinciales.
Para la selección de los hitos jurídicos relevantes se tuvieron en cuenta las definiciones y ejes temáticos que se enuncian en los siguientes apartados.
La primera definición de derechos sexuales y reproductivos acordada por Estados es la que se enuncia en el Consenso de Montevideo: “Considerando que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte integral de los derechos humanos y su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos fundamentales y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la pobreza”. Este acuerdo fue adoptado en ocasión de la Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, reunida bajo el tema “Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para el Programa de Acción de El Cairo después de 2014” que se celebró en Montevideo en agosto de 2013.
La definición de derechos reproductivos, en tanto, fue acordada por primera vez en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995: “los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.”
Esta definición da seguimiento a lo acordado el año anterior en la Conferencia de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, en la que los Estados acordaron de manera contundente el nexo indisoluble entre las cuestiones de población y desarrollo y los derechos humanos, y a la salud reproductiva como parte de ellas. En esta Conferencia los Estados acordaron una definición política en común sobre salud sexual y reproductiva, entendida esta como el estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, que entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Así, se consolidó la idea de que la salud reproductiva es esencial para el goce de otros derechos fundamentales y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la pobreza, y para ello se comprometieron a la puesta en marcha de legislación, políticas y planes.
Las Conferencias señaladas, sus procesos de revisión posteriores y el nuevo gran consenso global de una agenda de desarrollo sostenible para 2030, adoptado en septiembre de 2015, cristalizaron las definiciones, lineamientos y guías adoptadas.2
Los órganos de protección de derechos humanos también aportaron al entendimiento de los elementos y alcances que constituyen a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ha señalado en su Observación General 22 (2016), en la que se refiere al derecho a la salud sexual y salud reproductiva en el marco del derecho a la salud consagrado en el artículo 12 del Pacto, que “El derecho a la salud sexual y reproductiva implica un conjunto de libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva. Entre los derechos cabe mencionar el acceso sin trabas a toda una serie de establecimientos, bienes, servicios e información relativos a la salud, que asegure a todas las personas el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva[…]” (E/C.12/GC/22, Párrafo 5).
Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha señalado en su Recomendación general número 35, referida a la violencia de género contra la mujer, que: “… Las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante” (CEDAW/C/GC/35, Párrafo 18).
A los efectos de delimitar el alcance de este proyecto se tomó como guía la definición y contenidos dados en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y su Guía Operacional (2015), por tratarse de una de las más comprensivas y de avanzada.
El Consenso de Montevideo, además de proveer la primera definición acordada de derechos sexuales y reproductivos, tal como se mencionó más arriba, cuenta con un capítulo específico sobre acceso a la salud sexual y reproductiva, donde se reconocen los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de los derechos humanos que contribuyen a la “plena realización de las personas y a la justicia social” (MP 33), lo que sitúa a América Latina y el Caribe en una posición de avanzada en materia de reconocimiento de derechos (CEPAL, 2015). Además, constituye una guía fundamental para el proceso de revisión del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, aprobado en El Cairo en 1994.
Este capítulo da cuenta de catorce medidas prioritarias vinculadas con:
Esta caracterización sumamente comprensiva cuenta además con un enfoque de diversidad, intergeneracional, multicultural y transversal. En efecto, este capítulo se relaciona con otros capítulos del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, entre ellos el capítulo B sobre los derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el capítulo F sobre personas migrantes, el capítulo H sobre pueblos indígenas y el I sobre las poblaciones afrodescendientes.
En esta conceptualización amplia de los derechos sexuales y reproductivos se inscribe la medida prioritaria 37, mediante la cual los Estados acuerdan “Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas […]”
El marco conceptual descrito guió la selección de hitos jurídicos que fueron relevados. Así, a nivel internacional, regional y subregional se identificaron aquellas decisiones que constituyen compromisos estatales en materia de derechos sexuales y reproductivos. Siguiendo esa premisa, se relevaron los acuerdos adoptados en conferencias mundiales, como la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo y la Conferencia Mundial sobre la Mujer; en instancias regionales, como la Conferencia regional sobre la Mujer y la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, y las resoluciones adoptadas en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; y en decisiones subregionales, como las adoptadas en el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR.
En principio, no se incluyeron informes de relatorías especiales, expertas y expertos independientes y grupos de trabajo. Si bien estos documentos tienen la importancia de examinar, monitorear, asesorar e informar sobre temas de derechos humanos con particular atención a ciertos grupos vulnerados, no son fuentes directas de compromisos de los Estados.
A modo de excepción, se incluyeron los informes de tres relatorías: el Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (2011), el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2013) y el Informe del Relator Especial sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de las personas, comunidades y poblaciones afectadas por la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por considerar que los tres abordan temáticas claves que contribuyen al desarrollo normativo de los derechos sexuales y reproductivos. En el primer caso, el relator examina la interacción entre las leyes penales y otras restricciones jurídicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud. En el segundo, se examinan varias de las prácticas abusivas comúnmente registradas en entornos de atención de la salud y se pone en evidencia el vinculo entre la prohibición de prácticas como el aborto y la tortura. En el tercero, se incorpora con especial énfasis el enfoque de interseccionalidad, en particular en relación a las formas en que las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y de género no confirmado se ven privadas de sus derechos sexuales y reproductivos debido a la discriminación y la violencia motivadas, en particular, por su orientación sexual real o percibida, su identidad o su expresión de género. También como excepción, se incluye el Primer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará del Mecanismo de Seguimiento de la Convención (MESECVI).
A su vez, se identificaron documentos significativos de organismos de protección de derechos humanos tanto del sistema regional como del sistema universal de protección de derechos humanos. Entre ellos, se incluyeron Recomendaciones y Observaciones Generales de órganos de Tratados, decisiones de casos individuales relativos a casos de la región dictados por órganos de tratados de Naciones Unidas, decisiones de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decisiones de fondo e informes temáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A nivel nacional, el marco conceptual que brinda el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y su Guía Operacional (2015) guió los temas a ser relevados en la recopilación de información a nivel nacional, que incluyó:
Por motivos de extensión, se tomó la decisión metodológica de priorizar estos temas sobre otros como Educación Sexual Integral y Orientación Sexual que, si bien constituyen sin dudas elementos fundamentales de los derechos sexuales y reproductivos, tienen un desarrollo normativo propio cuya amplitud excede los límites de este proyecto.
La línea tiene una orientación vertical, permitiendo visualizar en paralelo los hitos internacionales y regionales en el margen izquierdo de la pantalla, y los hitos nacionales en el margen derecho.
Cada entrada cuenta con una descripción, y etiquetas por temática que permiten identificar los principales temas abordados por el hito.
En cada sección, los botones disponibles permiten acceder a los párrafos relevantes así como al repositorio donde se encuentra el texto completo del documento de referencia.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015). Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/69/315).
CEPAL (2013) Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.
CEPAL (2015) Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2016) Observación general núm. 22, relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) (E/C.12/GC/22).
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2017) Recomendación general número 35 (CEDAW/C/GC/35).
Declaración y Plataforma de acción de Beijing (1995) IV Conferencia Mundial sobre la Mujer.
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994). Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo.
En el Anexo I se incluye un listado de las fuentes utilizadas.
Véase A/RES/69/315. Objetivos de Desarrollo Sostenible 5.6: Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.