Línea de tiempo de hitos jurídicos sobre derechos sexuales y reproductivos en América Latina

La Sala Cuarta de Revisión constató que Sofia, una mujer que había solicitado la interrupción legal y voluntaria del embarazo, experimentó violencia obstétrica por parte de la EPS COMFAGUAJIRA de Colombia. La Sala consideró probado distintos hechos de violencia, entre ellos: la falta de supervisión médica y la impericia de los profesionales durante el suministro de misoprostol, las amenazas del personal de salud, la exposición a dolores y sufrimiento desmedido durante el tratamiento y la realización de un legrado en incumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud. En la sentencia, la Corte recordó que la violencia obstétrica abarca todos los maltratos y abusos sufridos por las mujeres durante la atención de servicios de salud reproductiva, incluyendo la interrupción del embarazo. La sentencia expresa que la decisión de interrumpir el embarazo no obliga a la mujer a padecer violencia obstétrica ni a ver vulnerados sus derechos fundamentales. Esta decisión fue objeto de un recurso de nulidad, que fue rechazado por la Corte Constitucional de Colombia el 8 de mayo de 2024.

La Asamblea Nacional aprobó por mayoría una reforma a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles que permite a las personas mayores de edad, a su sola voluntad, solicitar la rectificación de la mención de sexo o género, expresando el nombre propio, sexo o género con el que se siente identificado/a, sin más requisitos que la mera solicitud. Tal derecho no se encuentra condicionado por el aspecto físico ni requiere la presentación de informe médico o psicológico. Esta reforma está en línea con la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigió a los Estados prever un mecanismo de rectificación de la anotación del género.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) invalidó los artículos 12, 17, 18, 19, 20, 21 y 26, de la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacán de Ocampo, los cuales adicionaban supuestos para la reparación del daño, por la comisión del delito de feminicidio.

La Corte determinó su invalidez en virtud de que dichos artículos regulaban aspectos vinculados directamente con la sentencia condenatoria, lo cual es una cuestión inherente al proceso penal, por lo que su contenido incidía en la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, para expedir la legislación única en materia procedimental penal, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General. No obstante, y en cuanto al derecho a la identidad de género, la Suprema Corte entendió que la legislación al referirse a las "mujeres" resulta aplicable tanto a las mujeres cisgénero como transgénero y transexuales.

En abril de 2024, el Congreso de Yucatán aprobó el proyecto de reforma a la Ley del Registro Civil del Estado que había sido presentado en abril del año pasado por la diputada Karla Franco y el diputado Gaspar Quintal. Con la reforma, las personas que busquen el reconocimiento de su identidad de género por la vía civil, podrán hacerlo mediante la expedición de una nueva acta de nacimiento, únicamente con la solicitud correspondiente ante el Registro Civil. El único elemento para dicho reconocimiento es la autodeterminación de las personas, por lo que ya no se necesitará una prueba pericial para comprobar su reasignación de sexo. Con esta reforma, ya son 22 Estados que reconocen la identidad de género en México.

La accionante, de 18 años de edad, presentó una acción de tutela contra la EPS A, la IPS B y la Fundación C, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales a la intimidad, a la confidencialidad y privacidad de datos sensibles, a la reserva legal de la historia clínica, a la salud y a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo anterior, a partir de dos situaciones que identificó la demandante: (i) cuando la actora acudió a la IPS B y solicitó la práctica de la IVE, la ginecóloga que la atendió le sugirió pensar bien la decisión y pedirle a Dios y a la vida que le ayudaran. Además, la IPS B no le practicó el procedimiento sino que la remitió a otra institución de salud donde finalmente se realizó. Y (ii) el personal de la IPS B divulgó a la Fundación C los datos personales de su historia clínica sin contar con la autorización de la actora, lo que llevó a que tanto ella como su familia recibieran llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp para que desistiera de la determinación de practicarse la IVE. La Sala Novena de Revisión hizo lugar al planteo casi en su totalidad y declaró que existió una violación de los derechos fundamentales de la accionante. En particular, sostuvo que el personal de la IPS B vulneró su derecho a determinar libremente si practicarse la IVE, así como también su derecho a la confidencialidad, intimidad y privacidad de los datos sensibles, al divulgar la historia clínica de la actora y sus datos personales. Además, entendió que la Fundación C hizo un tratamieto irregular de la historia clínica de la accionante, vulnerando también los derechos mencionados. Sin embargo, rechazó el planteo respecto de el hospital interviniente en el proceso, en tanto la derivación y la IVE se realizaron en tiempo oportuno.

En las presentes actuaciones, se peticionó la inconstitucionalidad de la la Resolución Ministerial N°486-2014/MINSA, norma que aprueba la “Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 Semanas con Consentimiento Informado en el Marco de lo Dispuesto en el artículo 119 del Código Penal"". La Corte confirmó la sentencia de la instancia anterior que había considerado infundada la acción y había ordenado al Ministerio de Salud a realizar ciertas rectificaciones en la Guía.

Violeta Cristina Gómez Hinostroza interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Salud [Minsa]. Plantea, como petitorio, que dicha entidad informe y distribuya gratuitamente el denominado anticonceptivo oral de emergencia [AOE] en todos los centros de salud estatales, a fin de que todas las mujeres puedan acceder, de manera libre e informada, a dicho producto y, de este modo, puedan evitar exponerse a embarazos no deseados y embarazos forzosos. Sostiene que actualmente existe consenso científico en que la AOE no es abortiva. El Tribunal Constitucional sostuvo que no existía base objetiva para que el Estado distribuya la píldora a quienes, por su condición económica, no puedan comprarla. Así, ordenó al Minsa que incluya a la AOE en los métodos de planificación familiar (e informe a toda persona las especificaciones y características de la píldora) y sostuvo que la abstención del Estado de distribuirla gratuitamente viola el derecho fundamental a la igualdad pues, sin su intervención, solamente podrían acceder quienes tuvieran el dinero para adquirirla.

Por medio de este decreto, la Presidenta deja sin efecto un decreto de 2009 que había prohibido la distribución de pastillas anticonceptivas de emergencia. Así, ordena incorporar la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en el Listado Nacional de Medicamentos Esenciales y en todos los Protocolos de Salud que corresponda, y garantizar su libre disponibilidad y comercialización en todo el país.

Por medio de esta resolución del Ministerio de Salud, se incluyó al anticonceptivo de emergencia (especialidad medicinal Levonorgestrel 1.5 mg) entre los medicamentos denominados de "Venta Libre" en las farmacias del país.

La Primera Sala de la Suprema Corte de México, sobre la base de los fundamentos del Tribunal Pleno expuestos en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, hizo lugar al recurso de revisión impulsado por una Asociación Civil contra la sentencia de primera instancia que había rechazado la acción de inconstitucionalidad contra los artículos del Código Penal mexicano que criminalizaba el aborto. Consideró que los artículos 330 a 334 del Código Penal vulneran los derechos de las personas gestantes a la salud, la dignidad, la igualdad y la autonomía reproductiva.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dispuso que la Constitución prohíbe discriminar por razones de identidad de género y le otorgó al poder legislativo un año para elaborar un mecanismo por el cual toda persona pueda cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género.

En esta sentencia la Corte estableció la legalidad del aborto voluntario hasta la semana 24 de gestación, manteniendo el sistema de causales para casos que excedan ese limite.

La Suprema Corte invalidó una disposición del Código Civil de Puebla que exigía tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, por violar el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans.

En esta decisión la Corte reconoce la categoría de “no binarie” para la registración de las personas

Esta ley tiene por objeto reconocer y garantizar el derecho de la mujer durante el embarazo, trabajo de parto, parto, posparto y duelo gestacional y perinatal con libertad de decisión, conciencia y respeto; así como reconocer y garantizar los derechos de los recién nacidos.

Esta norma modifica el Código de las Familias La ley 156/2022, reconociendo el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, la adopción por parte de parejas homosexuales y la prohibición del matrimonio infantil. También aborda la violencia de género y reconoce derechos que favorecen a los niños, ancianos y personas discapacitadas.

Esta resolución fue dictada en cumplimiento de lo ordenado por la Corte IDH en el caso ""Manuela y El Salvador"". Tene por objeto establecer que la finalidad de los trabajadores de salud es la atención de las emergencias obstétricas para salvaguardar la vida de la embarazada y su hijo, garantizando el derecho a la privacidad, trato digno y respetuoso, bajo secreto profesional. Aborda la atención prenatal, en período de puerperio, al momenot del parto y en casos de emergencias obstétricas.

La ley establece la gratuidad de los servicios de atención integral de salud para las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.

María, menor de edad y de nacionalidad venezolana, inicia acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, por la negativa de los servicios de salud colombianos de realizarle los controles prenatales correspondientes por su calidad de migrante ilegal. La Corte hace lugar a la acción y consideró que el hospital accionado había violado los principios de solidaridad y de interés superior del menor que obligaban a brindarle atención médica prenatal y durante el parto.

Sara, quien hace unos años había sido diagnosticada con obstrucción tubárica bilateral que le impedía quedar embarazada, solicitó al juez de tutela que le ordene a La Clínica proceder con la implantación del embrión resultante de la unión de los gametos aportados por ella y Carlos (su expareja), de conformidad con una de las cláusulas del consentimiento informado que firmaron (que facultaba a la mujer a decidir el destino de los embriones en caso de ruptura de la relación). Este último manifestó su decisión de no continuar con el proceso. Afirmó, además, que ha conformado otra familia. La Clínica se negó a continuar el procedimiento, indicando que no puede proceder si Carlos se opone a ello. La Corte precisó que le correspondía establecer si la Clínica, el Médico y Carlos desconocieron el derecho fundamental a la autodeterminación reproductiva de Sara, al negarse implantar el preembrión a cuya formación concurrió con Carlos, alegando que este último revocó su consentimiento. La respuesta fue afirmativa. Para arribar a tal conclusión consideró (i) que los TRHA constituyen un importante instrumento para asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las personas; (ii) que su desarrollo debe tomar en consideración los impactos diferenciados que sobre las mujeres se pueden producir; (iii) que los acuerdos que tienen por objeto la fecundación in vitro y la criopreservación de embriones son, en general, compatibles con la Constitución y, por ello vinculantes; (iv) que la validez general de tales acuerdos se extiende a las cláusulas que disponen las reglas de destinación de embriones cuando sobrevienen rupturas de la pareja que inició el proyecto parental; (v) que la decisión de Sara de solicitar la implantación del preembrión encuentra apoyo en el contenido del acuerdo celebrado así como en el reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y reproductivos; (vi) que el derecho de Carlos a decidir no ser padre carece del peso suficiente para oponerse a la pretensión de Sara teniendo en cuenta, de una parte, que expresó su consentimiento para el desarrollo de la TRHA y, de otra parte, que se trata de la última oportunidad de la accionante para ser madre biológica.

Las accionantes presentaron una acción pública de inconstitucionalidad “en relación con la objeción de conciencia” conforme está regulada en la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación. Para sustentarlo, argumentan que las disposiciones impugnadas: “establecen restricciones desproporcionadas al goce y ejercicio de varios derechos constitucionales de víctimas y sobrevivientes de violación que han resultado embarazadas, especialmente de aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad”. La Corte hace lugar a la cautelar y, por ende, suspende provisionalmente algunas secciones de la norma. En específico, se suspende: (i) la facultad de derivar si el objetor es el único profesional de salud posibilitado para hacer el tratamiento; (ii) la objeción de conciencia institucional de parte de hospitales estatales; (iii) la laguna legal que admite que los hospitales privados no apliquen las políticas públicas dictadas por no considerar que 'ofrecen el servicio de interrupción del embarazo'; (iv) la objeción de conciencia del profesional que interviene indirectamente; (v) la prohibición de las entidades del Estado o de los establecimientos de salud de limitar la objeción de conciencia.

Esta ley modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluye los conceptos de orientación sexual e identidad de género.

La decisión de la Suprema Corte invalida en forma unánime la sección del Código Penal de Coahuila que castiga con uno a tres años de cárcel el aborto practicado con consentimiento. También exige que los jueces locales y federales se atengan al razonamiento de la corte cuando tengan que decidir casos relacionados con aborto. En esta sentencia, la Suprema Corte reconoció por primera vez el derecho de las mujeres y las personas gestantes al aborto sin arriesgar consecuencias penales.

La Corte consideró que resulta inconstitucional otorgar status de persona al embrión o feto, ya que de esta manera se están tomando decisiones que van en contra de la autonomía reproductiva. En consecuencia decidió invalidar una parte del artículo 4° Bis A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa que establecía la tutela del derecho a la vida “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley correspondiente, hasta su muerte”.

En esta sentencia, la Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad del plazo de noventa días para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, limitación que se establece en el artículo 181 del Código Penal del estado de Chiapas.

la Corte determinó que el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que establecía de una manera amplia el derecho a la objeción de conciencia, no garantizaba la atención a todas las personas y que se podían llevar a cabo actos discriminatorios en virtud del ejercicio de este derecho.

La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Es de aplicación obligatoria en todo el país. A partir de esta ley la Ley 27.610, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo: - Hasta la semana catorce (14), inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión - Cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud. Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.

El artículo 53 de esta ley determina que las instituciones que presten servicios de salud deberán implementar acciones para garantizar la atención en salud sexual y reproductiva a las personas con discapacidad. Además, establece que deberá garantizarse el respeto a la autonomía de las mujeres con discapacidad en los procesos de planificación familiar y en casos de esterilizaciones, basados en su consentimiento libre e informado.

En esta sentencia el Supremo Tribunal Federal indica que que las personas tienen el derecho subjetivo a cambiar el nombre y la clasificación de género en el acta de nacimiento, sin necesidad de cirugía de reasignación del procedimiento quirúrgico. Establece esta decisión en los Principios de dignidad humana, personalidad, intimidad, isonomía, salud y felicidad.

Este decreto reglamenta el artículo 6° de la Ley 19.580 sobre Violencia hacia las mujeres basada en género. Establece que los prestadores de servicios de salud deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que la atención de las mujeres durante la consulta preconcepcional, el embarazo, el nacimiento y el puerperio así como de los/las recién nacidos/as, respete los principios del modelo asistencial humanizado-respetado. En particular, determina que la práctica clínica deberá respetar el derecho de toda mujer a ser tratada con respeto, ser informada y a ser acompañada por un referente emocional de su confianza durante todo el trabajo de parto.

Esta ley tiene como objeto establecer los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva.

La Constitución de la República reconoe a la orientación sexual y a la identidad de género

La Constitución de la República reconoe y protege a los derechos sexuales y reproductivos

Esta Ley tiene como objeto asegurar el derecho de las personas trans a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo cual establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación. Reconoce el derecho de tooda persona al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género y establece que toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género.

Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género

En esta decisión, la Suprema Corte de México otorgó el amparo a CLM y se ordenó que el Registro Civil tramitara su solicitud, a fin de permitirle acudir a un procedimiento formal y materialmente administrativo para obtener la adecuación de su identidad de género. La Corte señaló que la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas.

En esta decisión la Corte ratificó que el debate jurídico sobre el derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) está concluido y mantuvo la orden dirigida al Ministerio de Salud para que expida una regulación sobre la materia, para eliminar las barreras de acceso al aborto. La Corte recoge todo el precedente jurisprudencial en IVE y ratifica los estándares (reglas y subreglas) para la protección y garantía de este derecho, que son de obligatorio cumplimiento. (Fuente El derecho al aborto en Colombia)

La ley define entre los tipos de vioelncia a la violencia gineco- obstetrica

El artículo 6° de la Ley 19.580 incluye a la violencia obstétrica como una de las manifestaciones de la violencia basada en género y la define como ""toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer, que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos"".

En esta sentencia la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admitió una acción interpuesta por varios ciudadanos con la cual, invocando el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad previsto en el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pretenden que se les reconozcan sus derechos a cambiar de nombres y de género.

La ley autoriza la interrupción del embarazo, realizada por un médico cirujano con la voluntad de la mujer, en tres casos: 1° Si ella se encuentra en riesgo vital, a fin de evitar un peligro para su vida; 2° si el embrión o feto padece una patología congénita de carácter letal, esto es, incompatible con su vida independiente una vez fuera del útero; y 3° si el embarazo es producto de una violación, hasta con 12 semanas de gestación, plazo que se amplía a 14 semanas si la niña es menor de catorce años.

En esta decisón la Corte establece la constitucionalidad de la Ley 807, aunque declara inconstitucional el parágrafo II del art. 11 en su frase “…permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales…”.

Esta ley tiene por objeto establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral. Define a la violencia contra los derechos reproductivos como la acción que impide, limita o vulnera el derecho de la mujeres a decidir libremente el número de hijos que desea tener; recibir información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida del mismo, parto, puerperio y lactancia; ejercer una maternidad segura; o elegir métodos anticonceptivos seguros. A su vez, define a la violencia obstétrica como aquellas ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos o patológicos presentes durante su embarazo y como un trato deshumanizado que viola los derechos humanos de las mujeres.

Esta Norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos para la atención médica a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Determina que la atención debe ser integral y enfocada a considerar la reproducción humana como una expresión de los derechos reproductivos, fomentando la corresponsabilidad en el cuidado de la salud de la mujer, su pareja, la comunidad y el personal de salud. La atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y a la persona recién nacida debe ser proporcionada con calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su dignidad y cultura, facilitando apoyo psicológico durante su evolución. A su vez, establece que ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia, discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto.

La Ley establece el procedimiento para el cambio de los datos del nombre y sexo de las personas transexuales y transgénero, permitiéndoles ejercer el derecho a la identidad de género.

En esta sentencia la Corte establece algunos limites a la Objeción de conciencia en relación a la práctica del aborto, al precisar que solo quienes estan directamente vinculados/as a la práctica pueden objetar.

En esta decisión la Corte establece que el derecho fundamental a la IVE NO se limita a la realización del procedimiento médico, sino que también supone componentes básicos de información, accesibilidad y disponibilidad en los servicios por parte de las prestadoras de salud. Además la Corte precisa que no existen limitaciones de carácter temporal para la realización del procedimiento de IVE en las causales dispuestas en la sentencia C-355 de 2006, siendo exigible incluso en etapas avanzadas del embarazo. (Fuente El derecho al aborto en Colombia)

En esta decisión la Corte zanjó las interpretaciones acerca de la protección de la vida prenatal, al señalar que la determinación de la existencia legal de la persona a partir del nacimiento no viola el deber de protección de la vida desde la concepción, establecido en el artículo 4.1. de la Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, pero no tiene el mismo grado de protección que el derecho a la vida. (Fuente El derecho al aborto en Colombia)

La ley reconoce la identidad de género y regula el cambio del campo "sexo" por el de "género" en la Cédula de Identidad.

A través de esta norma, la Asamblea legislativa enimienda la Ley N° 156 a los fines de clarificar el alcance de sus disposiciones. En particular, precisando los derechos de la parturienta a estar acompañada por una persona de su elección y estableciendo mayores salvaguardas al derecho de la futura madre a estar informada previo a consentir un procedimiento particular.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional supone un apartamiento de la doctrina constitucional previa en relación con el derecho a la identidad de género. El apartamiento de esta doctrina jurisprudencial permitirá que los órganos judiciales tutelen el derecho a la identidad y la personalidad jurídica de las personas transexuales, ya que no existirá ningún impedimento, ni legal ni jurisprudencial, para garantizar estos derechos.

Esta ley establece que se deberán implementar las acciones para valorar el desarrollo sexual de las personas de entre 10 a 19 años de edad, asegurando la provisión de los métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo no planeado, así como para la prevención de las ITS.

Se trata de una sentencia emblemática y de gran importancia en la consolidación del marco normativo en materia de IVE, en especial, en relación con las causales violencia sexual y riesgo para la vida y la salud de la mujer. La Corte señala en esta decisión que el derecho a la IVE es un derecho fundamental de las mujeres en Colombia. La IVE se inscribe dentro de la categoría de los derechos reproductivos, que a su vez, son reconocidos como derechos humanos. Y establece que toda víctima de violencia sexual tiene derecho a la IVE, la cual se garantizará mediante atención prioritaria y como urgencia médica, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta, y de la existencia de denuncia penal. (Fuente El derecho al aborto en Colombia)

En esta sentencia establece que cada persona tiene derecho a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género y a que los datos consignados en el registro civil correspondan a su definición identitaria, se encuentra constitucionalmente protegido por las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (art. 16 CP), el reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 14 CP), y el respeto de la dignidad humana en las tres manifestaciones antes identificadas: (i) derecho a vivir como uno quiere; (ii) derecho a vivir bien; (iii) derecho a vivir sin humillaciones. En el presente caso se ven concernidas las tres dimensiones, especialmente la primera y la tercera, en tanto la falta de correspondencia entre la identidad sexual y de género que asume una persona y la que aparece registrada en sus documentos de identidad implica negarle una dimensión constitutiva de su autonomía personal (del derecho a vivir como uno quiera), lo que a su vez puede convertirse en objeto de rechazo y discriminación por los demás (derecho a vivir sin humillaciones) y a dificultarle las oportunidades laborales que le permitan acceder a las condiciones materiales necesarias para una vida digna (derecho a vivir bien).

El Código civil establece un capitulo sobre "Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida"

En este caso el Ministerio Público se agravia por entender que, al no haber participado ningún médico psiquiatra en el informe de la Comisión Asesora sobre Identidad de Género, debió aportar la actora un informe de un profesional tratatante de su salud mental, o someterse una pericia. El gestionante, por su parte expresa que resulta ilegítimo el condicionamiento del derecho al cambio de nombre y sexo registral a la realización de tratamientos médicos, en tanto se trataría de una injerencia arbitraria en la vida privada ( art. 12 Declaración Universal, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La Corte resolvió que la ley en ningún momento establece como se habrá de conformar el equipo multidisciplinario especializado en identidad de género y diversidad a constituirse dentro de la Dirección General del Registro de Estado Civil, por lo que no puede entenderse que exista ilegalidad alguna. Por último, señala que la norma es clara al otorgarle un valor especial al testimonio de las personas que conocen la forma de vida cotidiana del solicitante y la de los profesionales que lo hubieran atendido desde el punto de vista social, mental y físico, lo que en forma alguna puede confundirse con la necesariedad de dicha probanza.

El Código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Contiene un partado especifico vinuclado a la Salud sexual y reproductiva de les niñes y adolescentes, y establece medidas relativas a la Eduación integral en sexualidad.

En esta decisión la Corte establece que existe el derecho al aborto en en caso de violación, incesto o amenaza para su vida o salud. Asimismo indica que no se requiere autorización judicial ni denuncia de violación y exhorta a los poderes del Estado atomar medidas aragarantizar los Derechos sexuales y reproductivos

Se establecen causales de no punibilidad para el aborto

La Ley 19.167 regula las técnicas de reproducción humana asistida estableciendo el deber del Estado de garantizar que estos procedimientos queden incluidos dentro de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Establece que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su vida reproductiva conforme a la ley, así como el número de embarazos y cuándo tenerlos. Define a la violencia contra la libertad reproductiva como aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos y a la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato abusivo, deshumanizado, humillante o grosero.

La ley define como uno de los tipos de violencia a la Violencia contra los derechos reproductivos

Define a la atención de la Salud Sexual y Reproductiva, y ademas establece los principios de integralidad e interculturalidad como rectores de la materia.

El artículo 65 de esta ley determina la creación del Departamento de Prevención y Salud, cuya finalidad es garantizar que la política general de los servicios de salud y prevención, aseguren a las personas con discapacidad el acceso efectivo a la atención adecuada de su salud física y mental, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir la aparición de nuevas discapacidades.

El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad

En esta Ley por la que se crea el estatuto de ciudadanía juvenil se señala la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, ademas de que se establece que los y las jóvenes tiene derecho al pleno disfrute de su salud sexual y reproductiva, por lo que el Estado creará políticas de prevención, formación e información con enfoque diferencial y de responsabilidad.

La ley establece el derecho a modificar los datos personales en el Registro: cambiar el nombre, la imagen y el sexo registrado. Acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar el cuerpo a la identidad elegida. Desarrollar la personalidad de acuerdo con la identidad elegida. En 2018, esta normativa fue derogada por la Ley Integral para personas trans.

La Corte Suprema precisó el alcance del aborto no punible y dijo que estos casos no deben ser judicializados. Interpretó el Código Penal diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. Exhortó a implementar protocolos hospitalarios

Establece el derecho a la interrupción de un embarazo no deseado o no planificado en el plazo de las 12 primeras semanas de gestación, y la obligación de las instituciones de garantizar el acceso a quienes requieran el servicio. Fuera de ese plazo, la ley determina que la interrupción del emabarazo podrá realizarse cuando implique un grave riesgo para la salud; cuando se verifique un proceso patológico incompatible con la vida extrauterina y cuando fuera producto de una violación acreditada con denuncia judicial, dentro de las catorce semanas de gestación.

Esta ley establece que el Estado le garantiza a las personas con discapacidad, el acceso a prestaciones de salud integrales de calidad e implementados con infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados, incluidas la rehabilitación y la salud sexual y reproductiva

La ley garantiza los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de personas con discapacidad, y reconoce su derecho a decidir libremente sobre su sexualidad y reproducción y reconoce su diversidad sexual.

Incorpora a los Programas Integrales de Salud, como prestación obligatoria, la colocación de Dispositivo Intrauterino (DIU)

Con esta decisión el TS establece la inconstitucionalidad de la interpretación según la cual la interrupción del embarazo de feto anencefálico sea conducta tipificada en los artículos 124, 126 e 128, incisos I y II, del Código Penal. Respalda el aborto legal de fetos comprobadamente anencefálicos.

Esta ley tiene por objetivo asegurar las condiciones mínimas para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a decidir el número y frecuencia del nacimiento de sus hijos y a recibir servicios adecuados, así como la debida asistencia de la mujer y del recién nacido en el parto. Para ello, se dispone el aseguramiento de recursos para el aprovisionamiento de anticonceptivos y kits de parto y se establece el derecho de toda mujer a recibir estos insumos de manera gratuita, de acuerdo con su elección voluntaria e informada.

El artículo 4° de la Constitución de México establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Establece que el Ministerio de Salud dará servicios de información, educación, higiene, salud preventiva y curativa de salud sexual y reproductiva hacia hombres y mujeres con discapacidad en todo su ciclo de vida; la reducción de la mortalidad materna.

Esta Ley modifica el Codigo Sanitario para facultar a las matronas para recetar anticonceptivos

Establece que el Estado postula como derechos fundamentales en materia de salud integral, salud sexual y salud reproductiva: el Derecho a recibir información calificada sobre las materias vinculadas a estos derechos; el Derecho a recibir servicios de prevención de riesgos en esta materia; y, el Derecho a la atención integral. Determina que en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y planes de salud, se deberá garantizar el acceso de toda persona, sin discriminación alguna y en todas las etapas de su vida, a información educativa, a servicios gratuitos y de buena calidad, para la atención de la salud integral. Además, se deberá garantizar servicios de salud de calidad durante la etapa de fertilización, implantación,embarazo, parto y puerperio a todas las mujeres, sin discriminación de ningún tipo.

En este sentencia la Corte indica que no es posible exigir una orden judicial para la práctica de la IVE, y que la evaluación de la condición médica de un embarazo no es responsabilidad de las mujeres, sino una obligación que le corresponde a la entidad prestadora de los servicios de salud, con el fin de comprobar si se presenta alguna causal de IVE. Además, la Corte indica que no existe límite de edad gestacional para acceder a la IVE, aunque el criterio médico debe tenerse en cuenta para la práctica de la IVE en edades gestacionales avanzadas, esto, sin censurar las decisiones autónomas de las mujeres sobre su salud y su autonomía reproductiva. (Fuente El derecho al aborto en Colombia)

En esta sentencia la Suprema Corte declara la invalidez del párrafo primero del artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Baja California, en la porción normativa que establecía la protección de la vida desde la concepción. La Corte entendió que la porción normativa impugnada, aun cuando pretende proteger la vida prenatal –un bien merecedor de protección constitucional–, resulta inconstitucional, toda vez que, al tiempo que protege la vida prenatal, vulnera la dignidad de las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular los reproductivos y a la salud.

Esta sentencia declara la invalidez del párrafo primero del artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, por el cual se establecía la protección de la vida desde la concepción. La Suprema Corte señaló que la protección del valor constitucional de la vida apareja una afectación a los derechos reproductivos y a la salud de las mujeres, las cuales quedan impedidas para ejercer derechos adquiridos, como el derecho a la salud y el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, así como el derecho a usar métodos de planeación familiar, los anticonceptivos de emergencia o la fertilización in vitro como medio de reproducción asistida.

A partir de este decreto, los métodos anticonceptivos pasaron a constituirse como una prestación obligatoria para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Los métodos comprendidos incluyen: anticoncepción oral hormonal combinado monofásico y trifásico, para uso durante la lactancia, de emergencia y condones masculinos.

En esta sentencia la Corte Suprema de Perú considera que la ovodonación no se encuentra legislada y, por tanto, no constituye ilícito ni delito. En tal razón, al ser legal la técnica empleada, determina que es válido el acuerdo suscrito.

Esta norma regula cuestiones sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, en particular sobre acceso a metodos de anticoncepción que incluyen a la anticoncepción oral de emergencia

La ley establece dentro de las categorás protegidas a la orientación sexual y a las identidades de genero y define a la homofobia y a la transfobia.

Esta Ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico que permita implementar los mecanismos necesarios para mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres y del recién nacido, y promover el desarrollo humano a través de asegurar la maternidad de las mujeres, mediante el acceso universal, oportuno y gratuito a información oportuna, veraz y completa y servicios de calidad antes y durante el embarazo, parto o posparto, para la prevención y erradicación progresiva de la mortalidad materna-neonatal. Entre sus fines se encuentra el de garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad a servicios materno-neonatales, incluida la planificación familiar, la atención diferenciada en adolescentes, respetando la pertinencia cultural y la ubicación geográfica de las mujeres guatemaltecas, entre otras.

Reglamenta la creación de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en todo el país y establece las prestaciones que deben brindar dichos servicios, que deberán incluir el acceso universal a métodos anticonceptivos seguros y confiables.

Determina la inclusión de la ligadura tubaria y la vasectomía en los Programas Integrales de Salud.

La Ley 18.620 establece el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad de acuerdo con su propia identidad de género. A su vez, habilita el cambio de nombre y género en los documentos identificatorios sin la realización de cirugías, reconociendo el derecho a ser identificado de forma que se reconozca la identidad de género.

Se trata de una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales propone un abordaje amplio de la problemática de las agresiones contra las mujeres. Define a la violencia obstetrica, la violencia reproductiva y la violencia institucional como tipos de violencia que son claves en el abordaje de los DDSSRR. Además, establece acciones de los tres poderes del Estado y propone la participación de la Corte Suprema, los jueces y las fuerzas de seguridad.

Esta norma establece que en caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

En esta sentencia la Cote desarrolla estandares relativos a la autodeterminación y autonomía reproductiva de la mujer como un componente fundamental para el ejercicio del derecho a la IVE. (Fuente El derecho al aborto en Colombia)

En esta sentencia la Corte hace especial énfasis en las reglas para el ejercicio de la objeción de conciencia en la atención de casos de IVE, así como en las obligaciones y deberes de los prestadores y funcionarios. Se trata de la primera sentencia, después de la C-355 de 3006, que reitera que los conceptos de psicólogos son válidos para la IVE. (Fuente El derecho al aborto en Colombia)

En esta decisión la Corte reivindica la constitucionalidad de los Derechos sexuales y reproductivos e identifica las diferencias y alcances de cada uno.

Se trata de una ley integral sobre DDSSRR que tiene como objetivo la promoción de políticas y programas nacionales de salud sexual y reproductiva. Entre sus objetivos específicos se encuentran: promover el parto humanizado garantizando la intimidad y privacidad; promover el desarrollo de programas asistenciales con la estrategia de disminución del riesgo y daño que incluyen un protocolo en la atención integral a los casos de ""embarazo no deseado-no aceptado""; y garantizar el acceso universal a métodos anticonceptivos.

Determina la obligación del Ministerio de Salud de establecer planes y programas que posibiliten el acceso de las mujeres y hombres, sin distinción alguna y en todas las etapas de su vida, a los servicios de atención en salud integral, información, educación, higiene y servicios de bajo costo y buena calidad; servicios de salud preventiva y curativa, sexual y reproductiva y la reducción de la mortalidad materna.

Declara inconstitucional la Anticoncepción Hormonal de Emergencia

Reconoce los derechos sexuales y reproductivos y reconoce y da protección al derecho a la identidad de género

En esta sentencia la Corte fija una serie de estándares en materia de objeción de conciencia en IVE. Además, la Corte fija nuevas las reglas para los prestadores de salud en la materia y las consecuencias legales en caso de incumplimiento. (Fuente El derecho al aborto en Colombia)

Se trata de una sentencia histórica y vanguardista en el sistema jurídico mexicano en cuanto a reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. En esta sentencia, la Corte decidió que era potestad del legislador definir la protección a dicho derecho y las reformas que legalizan la interrupción del embarazo no son contrarias a la Constitución Política Mexicana.

El texto Constitucional reconoce el derecho a la salud sexual y reproductiva

La constitución reconoce como categorias protegidas a la identidad de genero y a la orietación sexual

Establece como lineamiento del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, el deber de garantizar el derecho a la salud en cuanto a la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad a los servicios, con especial énfasis en la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo adolescente, y el derecho a la maternidad segura.

Esta ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancion ar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Contempla a la violencia obstétrica como una forma de violencia a la que define como la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujer es por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.

Esta Ley dispone que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados e informadas y educados o educadas, de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar servicios y programas de atención de salud sexual y reproductiva a todos los niños, niñas y adolescentes. Estos servicios y programas deben ser accesibles económicamente, confidenciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niños, niñas y adolescentes y respetar su libre consentimiento, basado en una información oportuna y veraz. Los y las adolescentes mayores de catorce años de edad tienen derecho a solicitar por sí mismos y a recibir estos servicios.

En esta sentencia la Corte recapituló los principales argumentos que llevaron a la despenalización del aborto por causales en la sentencia C-355 de 2006 y señaló que estos son de obligatorio cumplimiento, al profundizar acerca de la vulneración de derechos por exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la sentencia C-355 para la procedencia de la IVE. Además, se trata de la primera sentencia en la que ue la Corte sienta una regla para los casos de IVE en mujeres en situación de discapacidad.

La Corte da alcance a la sentencia C-355 de 2006 y a los instrumentos internacionales sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, para reconocer que tales derechos son derechos humanos y derechos constitucionales fundamentales, y que, por esto, son susceptibles de ser protegidos mediante la acción de tutela. La Corte aclaró que el Derecho al Diagnóstico, en tanto se relaciona con la protección de otros derechos fundamentales, es susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela. (Fuente El derecho al aborto en Colombia)

Esta ley dispone que toda mujer tiene derecho a estar acompañada de una persona de su confianza durante el preparto, parto y el momento del nacimiento.

Esta sentencia despenaliza el aborto en 3 tres casos: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del niño que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta denunciada, de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, de inseminación artificial, transferencia de óvulo fecundado no consentida o de incesto.

La Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. (Art. 1)

Establece que toda mujer embarazada al momento del trabajo de parto, el parto y el post-parto, tendrá derecho: a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante el proceso, de manera que pueda escoger libremente cuando existieren diferentes alternativas; a ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado, garantizándole la privacidad e intimidad emocional durante todo el proceso; y a estar acompañada por personas de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y post-parto, incluyendo el procedimiento de cesárea.

Esta ley establece que todas las personas mayores de edad tienen derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y "ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en los servicios del sistema de salud. (art.1)

En esta sentencia el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Salud, a fin de que se de cumplimiento a las resoluciones ministeriales N 465-99 SA/DM y 399-01 SA/DM, que garantizan la provisión e información sobre el anticonceptivo oral de emergencia(AOE)en todos los establecimientos a su cargo y ordenó cumplir con su obligación de informar y distribuir gratuitamente la píldora de Anticoncepción Oral de Emergencia .

El Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la identidad, destacando el rol de la partida de nacimiento y el Documento Nacional de Identidad como medios para el ejercicio de dichos derechos. Es así que declara fundada la demanda y ordena la expedición del DNI, con el nombre previamente cambiado por orden judicial, a solicitud de una persona transexual, pero manteniendo los datos relacionados con su lugar de nacimiento, sexo y edad

Esta sentencia versa sobre un asunto relativo a una mujer que se sometió a una intervención quirúrgica de cambio de sexo y solicitó la rectificación del acta de nacimiento originaria, en lo relativo al nombre y al sexo, a partir de la fecha de la operación, para lograr la adecuación de su partida de nacimiento a su nueva situación. La Suprema Corte de Justicia de Uruguay por mayoría dio lugar a lo solicitado en la sentencia referida invocando varios derechos, incluyendo el derecho a la dignidad de cada persona y el derecho a la propia identidad, permitiendo de tal forma al interesado contraer matrimonio con una persona de sexo femenino.

Esta Ley tiene como objeto asegurar el acceso de la población a los servicios de planificación familiar, que conlleve la información, consejería, educación sobre salud sexual y reproductiva a las personas y provisión de métodos de planificación familia. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y otras entidades públicas y privadas del sector salud, deben garantizar el mantener en forma sostenible todos los métodos modernos de espaciamiento de embarazos en los establecimientos de la red pública de salud, que permita responder adecuadamente a la demanda de la población y asegure el acceso universal a dichos métodos.

Esta ley, denominada ""de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento"" regula los derechos en el momento del parto y establece obligaciones para las y los prestadores de salud en los distintos nivels.

El objetivo de esta Norma es uniformar los criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de los servicios de planificación familiar en México, dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a la decisión de los individuos y posterior a un proceso sistemático de consejería, basada en la aplicación del enfoque holístico de la salud reproductiva. Establece que los servicios de planificación familiar deberán proporcionar información, orientación, consejería, selección, prescripción, contraindicaciones y aplicación de métodos de control de la fertilidad, identificación y referencia en casos de esterilidad e infertilidad, prevención de infecciones de transmisión sexual, atención maternoinfantil, detección del riesgo preconcepcional, detección oportuna de cáncer cérvico­uterino y de mama, además del manejo de la perimenopausia y la posmenopausia. La prestación de los servicios deberá de otorgarse de una manera integral con calidad y calidez a toda la población.

Esta ley establece elmarco para el dictado de normas sobre igualdad de oportunidades para las mujere, y establece que se ejecutarán politicas de salud sexual y reproductiva, haciendo hincapie en las mujeres con discapacidad.

Esta Ley crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en elámbito del Ministerio de Salud.

En esta sentencia la CSJN ordena al Estado Nacional -Ministerio Nacional de Salud y Acción Social, Administración Nacional de Medicamentos y Técnica Médica-, que deje sin efecto la autorización, prohibiendo la fabricación distribución y comercialización del fármaco "Imediat" (Una marca de anticonceptivo oral de emergencia)

Esta ley establece que las instituciones de salud deben de asegurar a las y los jóvenes servicios apropiados para disminuir los índices de jóvenes con enfermedades inmune prevenibles, de transmisión sexual y mortalidad materna por embarazos precoces.

Consagra el derecho de toda persona a obtener información y servicios en materia de salud sexual, educación sexual, prevención y atención de las enfermedades de transmisión sexual para la regulación opcional de la fecundidad, incluyendo el acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, asumiendo la decisión al respecto de manera libre, responsable e informada.

El Artículo 76 de la Constitución venezolana consagra el derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral.

Esta ley reconoce el derecho de todas las personas a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, incluyendo los naturales, y a recibir, con carácter previo a la prescripción o aplicación de cualquier método anticonceptivo, información adecuada sobre los métodos disponibles. A su vez, reconoce el derecho de toda persona a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona.

La presente ley establece como un deber del Estado, a través del Sistema Único de Salud, en asociación, en su caso, con las instancias componentes del sistema educativo, promover las condiciones y recursos de información, educativos, técnicos y científicos que aseguren el libre ejercicio de la planificación familiar. (art. 5)